Elecciones 2008 - 9 de Marzo

elecciones 2008

Balance Legislativo | INMIGRACIÓN

Balance Legislativo


Una nación mestiza

J. MUÑOZ / BILBAO

Los extranjeros, que han pasado de representar el 7% del censo al 10% durante la última legislatura, plantean el reto de buscar un modelo de integración

Inmigrantes durante los disturbios de 2005 en la valla de Melilla. / AP

Hasta finales de los años 70, España exportó dos millones de inmigrantes al resto de Europa y aprovechó las divisas que éstos le enviaron del exterior. Tres décadas más tarde, el flujo migratorio se ha invertido a tal velocidad que los extranjeros han pasado de representar el 1,36%% del padrón en 1996 a constituir el 7% en 2004 y el 10% el pasado año, si bien la proporción es mayor en Baleares, Madrid, Comunidad Valenciana, Cataluña, Murcia, Canarias y La Rioja. Los expertos calculan que la población extranjera real se aproxima a los cinco millones de personas, de las cuales un millón carece de ‘papeles’. En el barrio barcelonés del Raval, representa el 55% de los vecinos.

El fenómeno de la inmigración, y los cambios que ha producido en la sociedad española, será una de las controversias de la campaña electoral. La cuestión ya ha sido suscitada por el PP al exigir a los extranjeros el respeto de las leyes y de las costumbres españolas. No obstante, las reacciones de uno y otro signo que ha suscitado la propuesta de Mariano Rajoy ignoran una realidad: tanto la política integradora, que prima la ciudadanía bajo leyes idénticas para todos, como la política multiculturalista, que respeta tácitamente las peculiariades de los grupos étnicos, han fracasado en los países que las inventaron, Francia y Gran Bretaña, respectivamente.

España busca un modelo de acogida que no repita los errores conocidos en la UE; una fórmula compatible con la nueva sociedad que se adivina, sin ir más lejos, en el mercado laboral. A finales del último año, los trabajadores foráneos presentaban el 10,3% de los afiliados a la Seguridad Social. Su concurso ha sido imprescindible para el ‘boom’ de la construcción, pero incluso si se confirma el parón en ese sector los inmigrantes continuarán siendo necesarios en la agricultura, la hostelería, el servicio doméstico y el cuidado de las personas mayores.

La presencia foránea es palpable en todos los ámbitos sociales: el 8% de los alumnos no universitarios son extranjeros; uno de cada seis nuevos matrimonios tiene al menos un cónyuge no nacional, y el 16% de los niños que nacen en España es hijo de una inmigrante. Incluso el mapa religioso está cambiando, ya que más de tres millones de personas profesan una fe diferente de la católica: 1,2 millones de evangélicos, 1,1 millones de musulmanes, 600.000 ortodoxos...

El concepto mismo de extranjero ha variado de forma sustancial. En 1996, la mitad de la población foránea procedía de la UE, pero ahora los ciudadanos comunitarios representan el 37%. Y si se descuenta a rumanos y búlgaros, que pertenecen a la UE, pero aún necesitan obtener un permiso de trabajo, la proporción cae al 23%. Los latinoamericanos constituyen el 35% (sobre todo, ecuatorianos, colombianos y bolivianos). Y los marroquíes, la comunidad extranjera más numerosa, alcanzan el 12,9%. El resto de África, incluidos los países del Magreb, apenas supone el 5%.

«Dejemos de jugar con el argumento de que vienen demasiados inmigrantes. También se decía lo mismo cuando ocurrieron los sucesos de El Ejido», señala Xavier Rius, autor de ‘El libro de la inmigración en España’ (editorial Almuzara). «Lo queramos o no, dentro de unos años sumarán ocho o diez millones, y muchos serán españoles de origen latino», subraya.

Prestaciones sociales

Esa transformación social sin precedentes ha coincidido con el crecimiento económico, que ha situado a España en el centro de las corrientes migratorias mundiales. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), entre 1996 y 2000 el número de extranjeros empadronados en los ayuntamientos casi se duplicó -pasaron de 542.334 a 923.879-; y entre 2000 y 2004 se triplicó (llegaron a 3.034.326). En enero del pasado año 2007 -los últimos datos oficiales disponibles-, sumaban 4,5 millones.

El padrón es la vía que tienen los inmigrantes para acceder a los prestaciones sociales, aunque no hayan resuelto su situación administrativa. Lógicamente, al utilizar esos servicios incrementan el gasto público, pero también contribuyen al aumento de la natalidad y al desarrollo de la economía. Los estudios sobre esta cuestión arrojan conclusiones parciales y contradictorias: unos han destacado el impacto positivo de la mano de obra extranjera en el PIB y en las cuentas de la Seguridad Social; otros aseguran que ha provocado la caída de salarios en algunos sectores y que ha retrasado las inversiones necesarias para mejorar la productividad de muchas empresas.

En uno y otro caso, la contribución del inmigrante a la economía será mayor cuando aumente su cualificación laboral; pero sólo podrá obtener la formación precisa y pagar impuestos y cotizaciones más altas si su estancia es prolongada, estable y legal.Y para ello es necesario el permiso de residencia, un documento que expide el Ministerio del Interior y que está vinculado con la autorización de trabajo.
Unos cuatro millones de personas disponían de él a finales del pasado diciembre. Sin embargo, el padrón todavía no ha sido actualizado desde enero de 2007, cuando se contabilizaron 4,5 millones, de modo que es difícil establecer con exactitud el número de individuos actualmente en situación irregular.
El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, sostiene que sólo hay 300.000 ‘ilegales’ en España, pero eso significa que, en el último ejercicio, la cifra de extranjeros empadronados habría retrocedido de 4,5 a 4,3 millones. Y ello a pesar de que más de 100.000 personas entraron en ese periodo en el país a través del reagrupamiento familiar. Un retroceso de ese calibre sólo se explicaría si existieran, al menos, 300.000 empadronamientos falsos y si la estricta política de visados hubiera ‘sellado’ totalmente el flujo de latinoamericanos en 2007.

En realidad, la mayoría de los expertos cree que la población foránea censada asciende a cinco millones; una cifra que, comparada con la de permisos de residencia, arroja un balance de un millón de individuos en situación irregular. Son los inmigrantes que no pueden acceder a un empleo legal porque no han pasado por el reagrupamiento, una posibilidad contemplada en el reglamento de la Ley de Extranjería de 2004, ni tampoco por la contratación en el país de origen. Pero esos trabajadores saben que la economía sumergida los absorberá hasta que puedan legalizar su situación acreditando tres años de estancia. O hasta que el Gobierno apruebe una concesión general de permisos de residencia, como ocurrió con la regularización de 2005.

«La economía sumergida (...) no es el resultado de la inmigración irregular, sino su causa fundamental, el auténtico ‘efecto llamada’», concluye Lorenzo Cachón, profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Hasta ahora, las regularizaciones han funcionado como una válvula de escape para el mercado laboral, que necesita 300.000 inmigrantes más cada año debido a la caída de la natalidad, pero se encuentra con que los contingentes de trabajadores extranjeros que aprueba el Gobierno son irreales. Y la contratación en origen tampoco funciona, ya que los consulados otorgan los visados con lentitud a los operarios que son captados por los empresarios españoles en sus países.

¿Última regularización?

Aunque cada regularización se anuncia como la última oportunidad para los ‘ilegales’ ya instalados en España, se conocen por lo menos doce procesos de ese tipo desde 1968, si bien sólo se han convertido en objeto de controversia política durante los últimos ocho años. Hubo concesiones de ‘papeles’ al aprobarse la Ley de Extranjería a comienzos de 2000; cuando esa norma se reformó con criterios restrictivos a finales del mismo año; a raíz de los encierros de inmigrantes en Barcelona en febrero de 2001 y tras la conmoción que causó la muerte de doce ecuatorianos un mes más tarde, cuando la furgoneta en la que se desplazaban hacinados fue arrollada por un tren en Lorca.

No obstante, la regularización más numerosa, y la más publicitada, se produjo entre febrero y mayo de 2005, cuando el Gobierno socialista concedió permisos de residencia a casi 600.000 personas que ya estaban empadronadas. España recibió críticas de otros países europeos, y especialmente del entonces ministro del Interior francés, Nicolas Sarkozy, por haber actuado de forma unilateral, ya que los inmigrantes en situación legal pueden desplazarse por la UE. Sin embargo, Italia anunció la regularización de 484.000 extranjeros en mayo de 2006, Gran Bretaña adoptó al mes siguiente una medida similar dirigida a centenares de miles de personas y Alemania abrió un proceso para legalizar a 190.000.
No obstante, a pesar de haber sido imitado en Europa, el Gobierno de José Luiz Rodríguez Zapatero comenzó a titubear sobre su política de inmigración cuando cruzó el ecuador de la legislatura.

El cambio fue apreciable tras el impacto que causó la crisis de los cayucos que llegaron a Canarias durante el verano de 2006. En total, alcanzaron el archipiélago 31.678 personas, seis veces más que el año anterior, lo que obligó al Ejecutivo a improvisar una intensa campaña diplomática para que Senegal aceptara la devolución de sus nacionales y para pedir a la UE que enviara patrullas del Frontex a vigilar las costas de África occidental.
Aunque España ha abierto vías de cooperación con los países africanos para canalizar los flujos migratorios, Sarkozy ha asegurado recientemente que España estaría dispuesta ahora a aprobar expulsiones conjuntas, una afirmación significativa si se tiene en cuenta que la Ley de Extranjería debe ser reformada para adaptarla a la normativa comunitaria y a las sentencias del Tribunal Supremo y el Constitucional.


Pero el Gobierno que salga de las elecciones tendrá que abordar también el voto de los extranjeros no comunitarios, un asunto aparcado durante la última legislatura, tras la crisis de los cayucos. Esa reivindicación se basa en el contrasentido de que los inmigrantes de fuera de la UE no pueden votar, pero sí servir en las Fuerzas Armadas. Suman el 5,5% de los soldados, aunque en la Legión o en la Brigada Paracaidista alcanzan el 30%..

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Por Barajas o en patera

J. M

La criminalidad y los cayucos marcaron la percepción social de la inmigración

Los extranjeros representan el 35% de la población reclusa española.Y en algunas penitenciarías, como Topas (Salamanca), son la mayoría. En realidad, aunque las tasas de criminalidad se mantienen estables, han aumentado los delitos que causan más alarma ciudadana: robos en viviendas, ‘secuestros express’... La relación entre inmigración y delincuencia aparece en el debate político en ese contexto, casi siempre vinculada con las andanzas de los menores no acompañados; de las pandillas importadas de Latinoamérica que actúan en las barriadas urbanas y de las bandas profesionales del Este europeo.

El Consejo General del Poder Judicial ha advertido de que casi la tercera parte de los casos de violencia sexista están protagonizados por inmigrantes y ha planteado la necesidad de adoptar medidas, aunque sin especificar cuáles. A la postre, la evolución de las diversas formas de criminalidad ha moldeado la percepción colectiva de la inmigración, hasta el punto de que esta cuestión fue la que más preocupaba a los españoles en octubre de 2006, según el Centro de Investigaciones Sociológicas, por delante de la vivienda, el paro o el terrorismo.

A esa reacción social no fueron ajenos dos acontecimientos ocurridos ese año: una cadena de asaltos violentos perpetrados en chalés de Cataluña y la avalancha de cayucos en Canarias. Las imágenes de los subsaharianos que llegaban al archipiélago al límite de sus fuerzas fueron percibidas como una invasión que se abatía sobre toda España, a pesar de que en 2006 llegaron en patera 39.180 personas a todo el territorio nacional. Y el año siguiente apenas sumaron 18.000, una proporción minúscula en comparación con el total de ilegales.

En realidad, la inmensa mayoría de los inmigrantes entra por los mismos sitios: el aeropuerto de Barajas o las fronteras con Francia. En cambio, las rutas clandestinas son móviles y se desplazan a medida que España acentúa los controles. Así, cuando se implantó el sistema de vigilancia electrónica (SIVE) en el Estrecho de Gibraltar, las pateras que inicialmente partían del norte de Marruecos empezaron a navegar hacia Canarias desde el antiguo Sáhara español. En 2005, las autoridades marroquíes también aumentaron la vigilancia en esa región y, al verse bloqueados, decenas de subsaharianos intentaron saltar las vallas de Ceuta y Melilla a la desesperada. El cierre de fronteras en ambas ciudades se saldó con once muertos, decenas de heridos y una deportación colectiva de los supervivientes al desierto del Sáhara.

Ruta forzosa

A continuación, las pateras partieron de Mauritania y, por último, desde Senegal, una ruta que se convirtió en forzosa a partir del verano de 2006, cuando el Frontex comenzó a patrullar frente a África Occidental. El año pasado se detectaron pateras en la región de Murcia y en Baleares. «Africa es como un barril lleno de agua. Tapas un agujero, pero el líquido sale por otro», explicó a EL CORREO un militar marroquí destinado en El Aaiún (Sahara).
Los demógrafos calculan que cinco millones de subsaharianos, y miles de chinos, paquistaníes e indios mezclados entre ellos, intentarán arribar a Europa desde África antes de 2015, bien por España, por Italia o por Grecia. Según Fortaleza Europea, una ONG italiana, el año pasado murieron, al menos, 1.861 personas en ese viaje, de las cuales 745 se ahogaron o fallecieron de hambre y sed en aguas del archipiélago canario; 131, en el Estrecho de Gibraltar; 551, en el canal de Sicilia; 257, en el mar Egeo, y 177, en otros lugares.

¿Son todas las víctimas? Un informe del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) reveló que sólo entre noviembre y diciembre de 2005 debieron de morir en el Atlántico, camino de Canarias, entre 1.200 y 1.700 inmigrantes que habían partido de Mauritania y que no han aparecido nunca en las cifras oficiales.