La economía se ha colocado en el centro del debate electoral con decisión y firmeza, aunque de manera un tanto sorprendente porque el Gobierno esperaba, sin duda, una desaceleración menos virulenta del crecimiento de la que ya se empieza a manifestar y de la que pronostican todos los estudios -el Banco de España confirmaba ayer que se ha intensificado en las últimas semanas-, y un deterioro menos agudo de la coyuntura. Todo ello para encarar la cita con las urnas sin una brecha más que añadir a las ya conocidas y esperadas del fracaso de la gestión del proceso de paz y del embrollo del desarrollo autonómico. Si el Ejecutivo hubiese adivinado los nubarrones que ahora se ciernen sobre el horizonte económico, habría optado por adelantar los comicios al pasado otoño y el balance de la legislatura en ese terreno hubiese sido así impecable.

Lo sigue siendo. O casi. Pero las circunstancias han cambiado rápida y profundamente. El presidente/candidato José Luis Rodríguez Zapatero recuerda con insistencia los éxitos del pasado reciente: una expansión -el 3,8% el pasado ejercicio, pese al frenazo de los últimos meses- muy superior a la media europea, lo que ha permitido avanzar hacia la convergencia real con la UE;  una intensa creación de empleo -casi tres millones de puestos de trabajo desde principios de 2004-; un sólido Estado de Bienestar, que por ahora permite atender a un creciente número de pensionistas y volcarse en la mejora de las prestaciones más bajas... Pero a los ciudadanos no les preocupa tanto  el pasado, por reciente que sea, como los problemas que nos aguardan en el próximo futuro. Por ejemplo, la evolución de los tipos de interés, el preocupante y fuerte repunte del paro -a finales de enero había alrededor de 100.000 desempleados más en España que cuando el PSOE llegó a La Moncloa-, la destrucción de 33.700 ocupaciones en el último trimestre de 2007; el tirón de la inflación, que se ha situado en su nivel más alto -el 4,3%- desde finales de 1995...

Es lo malo que tiene esa manía general de los gobernantes de apuntarse los logros, cuando se producen, olvidando que no son suyos. Luego, cuando los hechos se convierten en pesadilla te persiguen en los sueños. La economía tiene grandes inercias y los cambios de ciclo, como el que se dibuja en estos momentos, responden a circunstancias complejas y variadas en las que el Gobierno influye, pero no decide. Máxime en un mundo tan globalizado como el actual. Un Ejecutivo ni acumula grandes méritos cuando las cosas van bien ni debería cargar con grandes culpas cuando se tuercen. Pero si te ufanas de lo bueno y te adornas con las plumas del sistema, debes apechugar con lo malo y soportar el cilicio de la crítica cuando pintan bastos.

Década prodigiosa

España ha vivido una década prodigiosa. Si rebobinamos la película y retrocedemos a los primeros años de la década de los 90, encontraremos un país desorientado en lo económico y temeroso en lo político. La entonces reciente entrada en la Unión Europea había provocado un feroz incremento de la competencia industrial al haber tenido que desmantelar nuestro arcaico pero confortable sistema de protección arancelaria. Los retos parecían infranqueables y se nos acercaban otros como consecuencia de la constitución de la Unión Monetaria. Si el primer proceso afectaba más a las empresas, al mundo de lo micro, el segundo tenía una incidencia mayor en el ámbito de lo macro, de lo público, al referirse a asuntos como la inflación, los tipos de interés, el volumen de la deuda, etc.
Pero el final de la historia fue un éxito clamoroso. Aupada sobre la base de unas devaluaciones de la peseta de tamaño relevante, la economía española respondió con enorme eficacia y agilidad, y ha recuperado un trozo enorme del histórico retraso que había acumulado durante siglos con el resto de Europa. Nunca antes había ocurrido un caso así. Por eso nos miran con asombro nuestros socios comunitarios y nos ponen como ejemplo para los nuevos miembros de la Unión. Ha sido la historia de un país en marcha. Firme y decidido, orgulloso y eficaz.

Las bases que han sustentado este fenomenal crecimiento han sido la  explosión de la construcción y el estallido del consumo. El primero, a su vez, ha estado apoyado por el aumento de la población total como consecuencia del flujo de emigrantes, del atractivo del país como lugar de residencia y vacaciones de los europeos acomodados y por los cambios operados en la propia sociedad española: mayor independencia de los jóvenes, más tiempo de vida de los mayores y más familias monoparentales en el tramo intermedio. Pero nada de ello hubiera sido posible sin el previo y consistente crecimiento del empleo. La abundante disponibilidad de puestos de trabajo ha dado oportunidades a los inmigrantes y ha proporcionado más salarios a los españoles; es decir, ha aumentado la capacidad de compra de todos. Una capacidad que ha sido utilizada con auténtica fruición por unos ciudadanos que se sentían seguros y se mostraban alegres.

 

Desequilibrios

Sin embargo, la evolución tremendamente positiva de la economía no ha logrado impedir la aparición de algunos graves desequilibrios, que se han ido gestando como acción y reacción de la abundancia de la coyuntura y han crecido con el tiempo hasta estallar el pasado verano. El aumento de la riqueza de los españoles, consecuencia fundamental del arrebatado devenir de los precios de la vivienda, ha provocado un similar incremento del endeudamiento de las familias -lo que las ha dejado a los pies de los caballos de los tipos de interés- justo cuando las urgencias de la política monetaria han exigido su elevación.
Unos mayores costes de atención de la deuda y un mercado de empleo más débil han tumbado el consumo de los castigados por el paro y han apagado la confianza de los casi 20 millones de consumidores que cuentan con un puesto de trabajo. Las ventas de la distribución comercial y, sobre todo, la recaudación del IVA dan muestras de un enfriamiento apreciable que apunta a la pulmonía. Hasta el Impuesto sobre Sociedades ha dejado de proporcionar las inmensas alegrías que ha regalado a las haciendas públicas en estos últimos ejercicios. Si se suma a esto el frenazo en seco del sector inmobiliario, en promoción, en construcción y en ventas, es posible hacerse una idea cierta de lo que está pasando en la economía española.

De cara a las elecciones inminentes, los dos partidos que tienen alguna posibilidad de ganarlas se han repartido los papeles de forma absolutamente lógica y coherente. Mientras Zapatero ofrece éxitos pasados, Mariano Rajoy vislumbra serios problemas en el horizonte. Uno desgrana la larga lista de los logros de la legislatura, otro muestra el brusco y negro cambio de la tendencia. Los dos tienen razón, ya que son dos vertientes diferentes de una misma realidad. Hemos estado muy bien, pero ahora estamos bastante mal.

Recetas conra la crisis

Así que, como la economía va a convertirse en uno de los elementos de decisión clave para muchos electores y teniendo en cuenta que ya nadie pone en duda la realidad de la crisis, la cuestión radica en quién presenta el mejor catálogo de recetas para solventarla. Y, en esto, los electores tienen problemas. Los dos partidos han preferido prometer abalorios para los distintos segmentos de la población que amargarla con apelaciones a ímprobos esfuerzos. La sangre escasea, el sudor no es elegante y el hierro se nos agotó hace décadas. La pugna se centra ahora en ver quién rebaja más los impuestos y en comprobar quién aumenta más el gasto social.

La acción anticíclica del Gobierno puede y debe ayudar a paliar los daños de la coyuntura, máxime cuando disponemos del formidable arsenal de los superávits presupuestarios acumulados, más las posibilidades de déficits permitidos por el Pacto de Estabilidad. Pero el próximo Gobierno, sea cual sea, sólo podrá aliviar los males, no curarlos. Devolver el dinero a los ciudadanos puede fomentar el consumo; aunque sería más lógico no quitárselo, para no tener así que devolvérselo. Las rebajas de impuestos pueden ayudar al fomento de la actividad, pero es necesario que sea selectiva, proporcionada y que se aplique a los impuestos que castigan a las variables claves.

Necesitamos un Impuesto de Sociedades moderno y, desde luego, más bajo, en consonancia con nuestros competidores europeos; y un IRPF más sencillo y eficaz. Nos sobra el Impuesto sobre el Patrimonio y convendría armonizar la situación del de sucesiones. Podríamos subir ligeramente el IVA para disminuir las cotizaciones que penalizan el empleo, pero quizás no sea éste el momento más adecuado. Y, si el próximo Gobierno desea aumentar la progresividad, puede actuar sobre el gasto, en donde hoy existe un despilfarro evidente al ofrecer multitud de servicios gratis a muchos que pueden pagárselos sin esfuerzo. En esta crucial vertiente del gasto hay que priorizar las infraestructuras de todo tipo para preparar el futuro del país y compensar con demanda pública el fuerte descenso de la privada.

Si se observa bajo este prisma a los dos principales contendientes que aspiran a gobernar tras el 9 de marzo no se encuentran diferencias esenciales entre ambos. En el diagnóstico de la situación sí las hay; en las promesas, solo hay matices; pero en las soluciones no se aprecian grandes divergencias.

El juicio final se va a dirimir en otro campo. Los convencidos harán lo de siempre: votar a su partido. Los dudosos se fiarán de las sensaciones y actuarán en base a la confianza de los líderes y a la valoración de los equipos. Por el bien del país, será  mejor que acierten.